Porqué América Latina debe ratificar el Acuerdo de París

El proceso nacional de ratificación del acuerdo de París abre un nuevo espacio para establecer un debate nacional sobre los beneficios que aporta la búsqueda de motores de crecimiento más limpios. Por primera vez empresas, ciudadanos, alcaldes y economistas pueden sumarse al debate y ejercer presión a los legisladores para ratificar el acuerdo de París y trazar un rumbo propicio para el desarrollo más limpio y resiliente.

La respuesta de Latinoamérica al cambio climático es, cuanto menos, paradójica. Según los estudios, sus ciudadanos figuran entre los más preocupados del mundo por el calentamiento global, sin embargo sus voces están prácticamente ausentes del debate político sobre cómo responder. Tras la decisión de firmar el acuerdo de París tomada por más de 175 países, entre ellos casi todos los de Latinoamérica, ciudadanos, municipalidades y empresas podrían tener ahora la oportunidad de participar de un modo más directo en la formulación de opciones energéticas y climáticas.

El debate actual ya ha dejado las salas cerradas de negociaciones de la ONU para pasar a las legislaturas nacionales, responsables de la ratificación a escala nacional. Algunos gobiernos, como los de México, Argentina, Costa Rica y Brasil, tienen la intención de sumarse al acuerdo en 2016.

El liderazgo climático en Latinoamérica recibió un fuerte impulso tras el anuncio de que la ex secretaria de relaciones exteriores de México, Patricia Espinosa, será la nueva responsable de asuntos climáticos de la ONU. La celebrada actuación de Espinosa en la cumbre de Cancún 2010 la sitúa en una posición privilegiada para seguir aportando al formidable legado de Christiana Figueres y fomentar la intensificación de medidas contra el cambio climático a escala global. El hecho de que el liderazgo de la CMNUCC haya estado a cargo de dos mujeres latinoamericanas sucesivamente puede ser un elemento de presión para que los gobiernos de la región prioricen la cuestión climática.

El acuerdo de París entrará en vigor cuando 55 países, con una representación mínima del 55% de la cifra total de emisiones globales, completen su proceso nacional de ratificación. La probabilidad de conseguirlo este año o el año que viene es alta, ahora que EEUU y China, que representan en conjunto casi el 40% de las emisiones globales, han anunciado su intención de hacerlo en 2016, lo que superaría con creces la mitad del recorrido.

El acuerdo de París transmite a los responsables políticos e inversores el mensaje claro de que la retirada de los combustibles fósiles para el año 2050 es necesaria y que todas las inversiones deben ser coherentes con el objetivo de llegar a un balance neto de cero emisiones en este siglo. El acuerdo contiene obligaciones vinculantes para todos los países, que deberán elaborar planes climáticos nacionales con regularidad, fortalecer el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados y potenciar iniciativas para limitarlo a 1,5 grados.

El proceso de ratificación nacional en Latinoamérica brinda una oportunidad sin precedentes para empezar a debatir los beneficios de las medidas climáticas y su repercusión en las inversiones de infraestructura. Si se dirige la atención a los objetivos del acuerdo se puede trazar la hoja de ruta de un crecimiento más limpio, especialmente en cuanto a la expansión de energías renovables y la necesidad prioritaria de un transporte eléctrico en las zonas urbanas. En un momento en que el crecimiento económico se ha debilitado y la recesión asola la región, los legisladores deben permitir que el progreso mejore el rendimiento económico y la productividad respaldando nuevos motores de crecimiento que sean de bajas emisiones y resistentes al impacto climático.

Parte del acuerdo consiste en la presentación de planes nacionales por parte de todos los países. Casi todos los países latinoamericanos han establecido objetivos de reducción de emisiones y adaptación a los impactos climáticos. El proceso facilitó un diseño de políticas más abierto y, en algunos casos, la participación por primera vez de la sociedad civil y el sector privado en el debate de los objetivos. Sin embargo, esta primera generación de objetivos de reducción de emisiones no es suficiente para limitar el aumento promedio de la temperatura global a menos de 2 grados. La reducción propuesta por los países latinoamericanos es en su mayoría demasiado conservadora. Con la excepción de Brasil y Costa Rica, los planes están condicionados a la ayuda de los países desarrollados en los ámbitos de la economía, la tecnología y el desarrollo de capacidades.

Entre 2016 y 2018, los países deben mejorar sus planes para adaptarlos a los objetivos del acuerdo. Ratificar el acuerdo y trazar una hoja de ruta para mejorar los planes climáticos nacionales sería una manera de transmitir a las economías desarrolladas el mensaje claro de que los países están decididos a ejecutar sus planes, que por otro lado deben incluir más datos sobre los fondos necesarios y ofrecer una orientación más clara a los países desarrollados e inversores de lo que necesitan para poder llevarlos a cabo. La transparencia en los informes sobre el avance de los planes también será fundamental para aumentar la credibilidad de los ciudadanos y las empresas.

La eliminación de la brecha financiera y una actitud proactiva por parte del sector privado son factores fundamentales

Latinoamérica necesita grandes flujos de inversión que ayuden a construir infraestructura esencial para transporte sostenible, agua y energía limpias y servicios de saneamiento y recolección de desechos. El

Banco Interamericano de Desarrollo sugiere que para hacer frente a la futura demanda de infraestructura hará falta hasta un 5 por ciento del PIB de Latinoamérica, unos 250.000 millones de dólares. Los debates nacionales deben abordar abiertamente los beneficios de estas inversiones, que pueden reducir emisiones, crear empleo y aumentar la productividad.

Como dato alentador, cabe señalar que el Banco Interamericano de Desarrollo se propone aumentar el volumen de financiación para proyectos climáticos en un 30 por ciento para fines de 2020. También hay otros bancos, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, que están empezando a priorizar el cambio climático.

Asimismo, será necesario que otros bancos sigan el ejemplo, sobre todo los que están controlados por las economías emergentes, que son grandes emisores globales y grandes prestamistas a países en vías de desarrollo. El Nuevo Banco de Desarrollo suministrará 811 millones de dólares en una primera partida de préstamos para proyectos de energía limpia, entre los que se incluyen 300 millones de dólares al Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social de Brasil para un proyecto de instalación de 600 megavatios de capacidad energética renovable. El cambio hacia una energía limpia ya está en marcha pero debe acelerarse. La financiación para este tipo de proyectos representa sólo un 20 por ciento del total de la financiación bancaria para el desarrollo en Latinoamérica, destinada en su mayor parte a proyectos muy contaminantes.

El sector privado latinoamericano también debería apoyar el acuerdo de París con mayor dinamismo y visión de futuro. La ratificación y entrada en vigor del acuerdo transmiten el mensaje claro de que la transición hacia una economía más limpia y resiliente ya ha comenzado y por tanto las empresas tendrán que decidir entre ser ellas las que definan la transición o dejarse definir por ella. El mes pasado se dio un paso muy importante con el apoyo de 26 empresas latinoamericanas a la creación de la Plataforma de Crecimiento Verde de la Alianza del Pacífico. Las empresas de los estados miembros de la alianza (Chile, Colombia, México y Perú) se comprometieron a promover alianzas entre el sector público y el privado para incentivar el interés por la construcción de infraestructura limpia, innovadora y resiliente.

Necesidad de adoptar motores de crecimiento más limpios

El enorme potencial de expansión de energías renovables que tiene Latinoamérica continúa desaprovechado. Ha llegado el momento de transformar la región en un imán para la inversión en renovables. La crisis energética reciente de Colombia, agravada por la sequía, no hace más que recordarnos el riesgo de depender en exceso de la energía hidráulica. La búsqueda de soluciones a corto plazo, como la de recurrir de nuevo a los combustibles fósiles, sería un error dada la creciente competitividad de las energías renovables y el riesgo de que los combustibles fósiles acaben siendo activos inmovilizados.

Son varios los países que han fijado objetivos de energía renovable y con ello están logrando un nivel de inversión sin precedentes. Las inversiones de Chile aumentaron en un 151%, llegando a los 3.400 millones de dólares en 2015, y en enero del presente año el gobierno chileno estableció el objetivo de que para el año 2050 el 70 por ciento de la electricidad debe proceder de fuentes renovables. Con todo, el crecimiento más rápido en cuanto a capacidad de generación de energía renovable se dio en América Central y el Caribe, con una expansión del 14,5%. Pese a todos estos avances, la falta de capital, los intereses creados y las subvenciones a los combustibles fósiles siguen obstaculizando el progreso.

Las ciudades latinoamericanas pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de afrontar el riesgo climático y desarrollar una economía de bajas emisiones de carbono. El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, escribió un artículo editorial este mes en el que señaló que para contrarrestar el cambio climático hay que empezar por las grandes ciudades del mundo. Según la Comisión Global sobre Economía y Clima, la inversión en proyectos de bajas emisiones de los sectores de la construcción, el transporte y los residuos puede generar un cuantioso ahorro global, con un valor actual de16,6 billones de dólares hasta 2050.

Además de este nivel de ahorro, los sistemas de transporte urbano limpio también pueden ser más rentables. Según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), es probable que el desarrollo de infraestructura de transporte de bajas emisiones sea más asequible que la estrategia actual de favorecer la infraestructura vial. Una infraestructura de transporte más limpia no sólo puede reducir los niveles de contaminación sino que además es viable con el nivel de financiación actual.

El proceso nacional de ratificación del acuerdo de París abre un espacio excelente para establecer un debate nacional sobre los beneficios que aporta la búsqueda de motores de crecimiento más limpios. Por primera vez empresas, ciudadanos, alcaldes y economistas pueden sumarse al debate y ejercer presión a los legisladores para ratificar el acuerdo de París y trazar un rumbo propicio para el desarrollo más limpio y resiliente.

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