Climate Deal 2015

Chile marca un hito en el diseño de compromisos climáticos internacionales

Chile trabaja desde hace años la base empírica de su política climática. Ha creado procesos que combinan criterios técnicos y políticos. Desde 2014 elabora su contribución nacional en el contexto de la negociación de un acuerdo climático. El gobierno decidió involucrar a la sociedad chilena en la discusión sobre sus planes climáticos y sentó un precedente internacional. Es valioso dar a conocer esta historia para estimular un debate más allá de Chile sobre las ventajas de una política climática inclusiva.

Chile ha sentado un precedente internacional al consultar públicamente su contribución al acuerdo climático que se negocia en el marco de la Convención. Dado que las emisiones chilenas son bajas, un 0,25% del total mundial, cabe preguntar qué motivó al país a elaborar de forma activa una contribución nacional para el nuevo acuerdo climático internacional. Según el gobierno, uno de los motivos es saber que Chile es muy vulnerable a los impactos del cambio climático (las pérdidas podrían representar el 1,1% anual del PIB según la CEPAL). Estos impactos no solo afectarían a la economía sino a la sociedad chilena en su conjunto.

Debido a la gran desigualdad social y económica del país, la población de escasos recursos y menor preparación para enfrentar el cambio climático corre mayor riesgo de verse afectada negativamente por impactos climáticos. Chile quiere ser parte de la solución al problema global y el primer paso es asumir un fuerte compromiso climático.

En el discurso que pronunció en la Cumbre del Clima de Nueva York en septiembre de 2014, la presidenta Bachelet anunció que la contribución chilena al acuerdo climático global sería consultada con los chilenos y se comprometió a iniciar la consulta pública en diciembre de 2014.

Desde junio 2014 se determinó que para elaborar y definir una contribución nacional preliminar (INDC en lenguaje de la ONU) se pondría en marcha un proceso interministerial de alto nivel político-técnico. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático (máximo órgano de deliberación de la política y gestión ambiental del país) es responsable de tomar las decisiones políticas, mientras que una mesa técnica, dirigida por el Departamento de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente e integrada por la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y los Ministerios de Hacienda, Energía y Agricultura, es responsable de los insumos técnicos y elementos fundamentales de la INDC.

A partir de entonces se tomó una decisión inédita en la política internacional de cambio climático del país: someter el resultado de la mesa técnica a una consulta pública que involucra directamente a la ciudadanía. Cabe destacar que en los últimos años Chile ha abierto progresivamente diversos procesos de consulta pública. Esto incluye políticas y planes que abordan el cambio climático en el interior del país, demostrando así que el desafío del cambio climático no es sólo tarea del gobierno sino que requiere también la participación de todos los actores y sectores de la sociedad. Sin embargo, es la primera vez que Chile solicita la participación de sus ciudadanos para definir su posición nacional frente a las negociaciones internacionales del clima. Esto, sin duda, marca una postura distinta del actual gobierno y sienta un precedente en el país, Latinoamérica y el mundo.

Consultar a ciudadanos en materia climática sienta un precedente en Chile, Latinoamérica y el mundo

Con la opinión de diferentes actores y sectores de la escena nacional, Chile espera que su contribución nacional sea el resultado de un proceso dual -político y técnico- que tenga respaldo social.

La base técnica que informó la consulta

Chile definió un “anteproyecto” de contribución nacional basado en sus circunstancias nacionales (sociales, económicas, ambientales y su vulnerabilidad a los impactos del cambio climático) y en múltiples estudios exhaustivos con información valiosa, entre ellos el inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero de 2010; el primer informe bienal de actualización de Chile; información de vulnerabilidad y adaptación, incluidos el plan nacional y otros planes sectoriales. Sin duda, la información más relevante proviene del proyecto MAPS-Chile, una iniciativa de cooperación sur-sur con un proceso participativo que incluye gobierno, sector privado, académico y varias ONG. MAPS Chile ha generado insumos importantes para la toma de decisiones, por ejemplo los valores de referencia de las emisiones, el escenario de emisión según recomendación de la ciencia, unas cien medidas de mitigación con su porcentaje de reducción y costos, una modelación macroeconómica que permite ver el efecto que tendrá en el empleo y el PIB de los diferentes escenarios de mitigación.

Esta información fue utilizada por la mesa técnica responsable de la elaboración del anteproyecto de la INDC basándose en cinco pilares: mitigación, adaptación, construcción y fortalecimiento de capacidades, desarrollo y transferencia de tecnologías y financiamiento.

Para mitigar emisiones se plantearon dos opciones basadas en los tres escenarios de mayor reducción de emisiones de MAPS. En la opción A, Chile asume el compromiso de reducir para el año 2030 sus emisiones de CO2 por unidad de PIB entre un 40 y un 45% por debajo de los niveles de 2007. En la opción B, el país se compromete a reducir para el año 2030 sus emisiones de CO2 por unidad de PIB entre un 35 y un 40% por debajo de los niveles del 2007. Lo interesante de ambas opciones es que, según las proyecciones, la economía no se vería perjudicada: el PIB de 2030 aumentaría entre un 1,2 y un 7,4%, y la tasa de empleo aumentaría hasta un 6,3%. La opción A ofrece los mejores resultados macroeconómicos. Véase la gráfica del Ministerio de Ambiente:


La consulta y los pasos siguientes

El 17 de diciembre de 2014 comenzó la consulta pública del anteproyecto de la INDC, tal y como había anunciado la presidenta Bachelet en la Cumbre del Clima de Nueva York y en la COP20 de Lima. El proceso se extendió al 15 de abril de 2015 y fue dirigido por el Departamento de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente.

El objetivo de la consulta era recibir propuestas del sector público, sociedad civil, academia, sector privado, pueblos originarios y otros grupos para mejorar y enriquecer la propuesta de la INDC que Chile presentará ante Naciones Unidas hacia fin de junio, cumpliendo el compromiso de los países de presentar dichas ofertas en 2015, en el marco de las negociaciones del nuevo acuerdo climático que se firmará en París.

Para recoger dichas propuestas y observaciones, el Ministerio de Medio Ambiente dispuso un formulario en línea en su página web, así como la posibilidad de entregarlas por escrito en distintas oficinas regionales para quienes no tienen acceso a internet.

Para que la complejidad del tema no limitara la participación, se organizaron reuniones informativas en todo el país a fin de explicar la INDC y difundir el proceso de consulta pública. Hubo sesiones informativas en las ciudades de Santiago, Antofagasta, Concepción y Valdivia, (escogidas por su condición de vulnerabilidad, capacidad de adaptación y/o potencial de mitigación) y se ampliaron a las regiones de Magallanes, Araucanía y Valparaíso dado el interés que suscitó el anteproyecto de la INDC. Se desarrollaron actividades de difusión de la consulta pública en un total de siete regiones.

Una vez concluido el período de ingreso observaciones, el Ministerio de Medio Ambiente analizará y responderá a las mismas, señalando si formará parte o no de la propuesta final de la INDC y las razones. Cabe destacar que se trata de un modelo de consulta informativo y consultivo, pero no resolutivo ni vinculante, como solicitan actualmente algunos sectores de la sociedad civil de Chile.

En tal sentido, en Chile se corre el riesgo de que algunos sectores subestimen el valor de esta consulta debido a que el ejercicio de participación y consulta existe desde hace unos 20 años en otros instrumentos ambientales (por ejemplo, planes de descontaminación, normas de calidad y emisión, evaluación ambiental de proyectos) y la sociedad civil y el sector privado son críticos por la incertidumbre respecto a la inclusión o no de sus propuestas en la decisión final del gobierno. Esta frustración es comprensible, sin embargo, no es realista pensar que todas y cada una de las propuestas recibidas sean incorporados a la decisión estatal. Por lo tanto, la consulta pública chilena podría perfeccionarse con mecanismos que sirvan para manejar las expectativas y desarrollar instrumentos de participación que ofrezcan mayor inclusión en la toma de decisiones. No obstante, es importante rescatar el hecho de que por primera vez la posición chilena en las negociaciones del clima está abierta al debate y que esto es inusual no sólo en Chile sino en el mundo.

El siguiente paso es la redacción por parte de la mesa técnica de una nueva versión de la INDC que deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y comunicada a la presidenta Bachelet. Concluido este paso, el Ministerio de Relaciones Exteriores la registrará formalmente en la Secretaría de la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Hasta la fecha la única INDC registrada de un país latinoamericano es la de México.

Chile marcó un hito

El cambio climático es uno de los desafíos más complejos del siglo XXI. Enfrentarlo es tarea de todos los países y sectores. Así lo entiende Chile y esta visión queda reflejada en el trabajo que lleva a cabo en el marco de las negociaciones internacionales de la ONU. En este proceso multilateral el país ha sido activo y constructivo: colabora con otros socios, ya sean países en vías de desarrollo como países desarrollados, es miembro fundador de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), uno de los bloques más jóvenes del proceso, y ha manifestado su apoyo a la firma de un acuerdo mundial de compromisos universales -no sólo para un grupo- y vinculantes, no voluntarios.

Ahora Chile ha contribuido de manera constructiva al proceso de las negociaciones mediante su innovación en materia de consulta pública. Este nivel de apertura es un paso sin precedentes en la región (incluso en países que sí las han hecho, como México y Brasil) y en países en vías de desarrollo, donde el diseño de políticas climáticas tiende a ser poco transparente.

Esto marca un hito en la historia de la política climática chilena puesto que es la primera vez que se consulta la postura nacional frente a las negociaciones internacionales del clima, lo que podría ser un antes y un después en Latinoamérica y en el mundo si los otros países lo toman como referencia y lo replican. Vale la pena dar a conocer esta experiencia, pues no sólo es relevante el contenido de las INDC sino también su proceso de definición y el grado de participación de la sociedad en el mismo. Además de permitir a los países elaborar INDC más sólidas y coherentes, también llegarían a la COP21 en mejores condiciones para defender su posición nacional.

Para la próxima cita de París no son muchos los países que ya presentaron sus INDC, por tanto, son varios los que aún pueden involucrar a sus ciudadanos en la definición de sus Contribuciones Nacionales, que serán la base del nuevo acuerdo climático. Pero la formulación de políticas y la toma de medidas firmes y de largo plazo para el cambio climático, tanto a nivel nacional como global, requiere de una participación ciudadana permanente y no de consultas esporádicas a voluntad de los gobiernos. Es hora de que la acción ciudadana sea reconocida como un actor relevante ante el desafío local y global del cambio climático.

Vea la INDC de Chile aquí.

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