¿Qué tienen en común la política climática en México y Ayotzinapa?

México ha dado mucho de que hablar en los últimos meses debido a la realidad que enfrenta el país luego de la desaparición y asesinato de 43 estudiantes en Ayotzinapa en el Estado de Guerrero. Está es una de las tragedias que aunque no única ha desatado la ira de los mexicanos dentro y fuera del país así como la preocupación de organismos internacionales como las Naciones Unidas.

La tristeza no obstante, no sólo radica en los hechos por sí mismos, sino en la especie de esquizofrenia que pareciera vivir la política nacional, pues hace sólo unos meses México presentó un comprehensivo Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, con el que se combatirían “las prácticas inaceptables como la tortura, desapariciones y la trata de personas”, colocando a los derechos humanos en el centro de las acciones de su gobierno, según el mandatario Enrique Peña Nieto.

La historia no termina ahí, pues contrario a esto, pareciera haber un patrón en la inconsistencia de las políticas nacionales. La política climática es víctima de dicho fenómeno. A nivel internacional México ha sido uno de los países más proactivos para impulsar acciones y acuerdos, como la propia creación del Fondo Verde del Clima que había de proponer en 2008 con la idea de crear un fondo exitoso como el que opera bajo el Protocolo de Montreal que ha ayudado a la salida paulatina de las sustancias que agotan la capa de ozono. México al ser signatario y ratificante de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y de su Protocolo de Kioto. Creó órganos e instrumentos como la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) en 2005, una Estrategia Nacional (2007) y un Programa Especial de Cambio Climático (2008) que después tendrían fuerza legal gracias a la aprobación de la Ley General de Cambio Climático aprobada en 2012. México además cuenta con metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 50% de reducción en 2050 y 30% en 2020, además de la meta de generación de 35% de energía “no fósil” para 2024.

El escenario pareciera arrojar que México tiene un gran compromiso con el clima. No obstante lo anterior, la esquizofrenia reaparece cuando se dan anuncios como el de que China y México crearán un Fondo de 2,400 millones de dólares para apoyar la infraestructura, la minería y proyectos de energía, además de un acuerdo petrolero por 5,000 millones de dólares, lo que señala que México lejos de alejarse del carbon lock-in que ha mantenido la economía, mantiene un patrón de dependencia a los combustibles fósiles, en su proceso de supuesta "transición energética”. La sensación que genera esto, es que el anuncio alentador que hiciera el Presidente Peña Nieto hace sólo unas semanas en la Cumbre del Clima de Nueva York, de asignar 10 millones de dólares al Fondo Verde pierde toda proporción. Y más aún, el hecho de que México propone asignar presupuestalmente 505 millones de pesos, es decir, alrededor de 37,123,668.60 USD para combatir el cambio climático en el sector energético, es decir, 131 veces menos que el acuerdo chino que no es más que una de las tantas inversiones por hacer en el sector petrolera luego de la reforma energética.

Ya la reforma energética y la apertura del sector energético a la inversión privada arrojaría inconsistencias con la política climática, toda vez que la inversión en exploración y extracción de recursos como el shale gas cuyo potencial de emisiones de metano (21 veces las poderoso que el CO2) amenaza con contribuir al calentamiento global, es una de las actividades que el país está impulsando más fuertemente aún en contra de la voluntad de poblaciones y organizaciones en México.

El almanaque mundial de energía de 2014 de la Agencia Internacional de Energía (AIE) señala que “Los combustibles fósiles reciben 550.000 millones de dólares al año en subsidios en todo el mundo, por encima de los 120.000 millones que llegan a la eólica, la solar o los biocarburantes” esto quiere decir que en efecto hay esquizofrenia en el mundo, pues no obstante el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), dejo ver en su recién publicado Quinto Informe, que de no reducir emisiones de manera urgente, la temperatura del planeta se podría elevar en más de 2º centígrado y quizá hasta 6 dependiendo el escenario. Así, aunque en México se vislumbra la creación de una Ley de Transición Energética que pudiera ser útil para promover energías limpias y renovables. El escenario y los acuerdos políticos que ha sostenido el Presidente de la República nos alejan del escenario de la transición hacia un desarrollo bajo en carbono.

Las preguntas que hace la ciudadanía mexicana son urgentes, ¿no debería velar por los intereses y el bienestar de la población?, ¿por qué violentar los derechos humanos de mexicanas y mexicanos ? Ayotzinapa y la política climática muestran inconsistencias en las políticas que son responsabilidad del Estado y por eso no es raro que haya demandas para exigir la renuncia del mandatario. Más que nunca la ciudadanía quiere respuestas y demanda acciones firmes para garantizar el bien de la población y no sólo de intereses particulares. Vienen momentos como la COP20 en Lima, Perú, en donde se espera México no pierda la oportunidad de brillar y de corregir el rumbo de la política que hasta ahora se ha sostenido.

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